MANIFESTACIÓN POR UN ACUERDO GENERAL PARA TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

POR LA APLICACIÓN DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

POR UN ACUERDO GENERAL PARA TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El 13 de mayo entró en vigor la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (previsto en el artículo 103.3 de la Constitución de 1978). Después de casi tres décadas de luchas, los empleados públicos de las tres administraciones (estatal, autonómica y local) tienen ya una norma básica para todos. El principal significado de esta norma es que el modelo de negociación cambia a favor del conjunto de los trabajadores públicos: se pasa de negociar convenios en cada ámbito (uno para Sanidad, uno para Educación, etc.) a la creación de una única mesa de negociación para todos. En la Comunidad de Madrid, esto supone que la Administración pasa de negociar convenios y acuerdos para sectores parciales de 5.000 trabajadores (con las diferencias consiguientes entre trabajadores de la misma administración) a negociar una única norma para 200.000 trabajadores, lo que garantiza las mismas condiciones de trabajo para todos los trabajadores de la Comunidad de Madrid.

El 3 de septiembre, el consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada, firmó con los sindicatos CCOO, UGT y CSIT-UP (que representan al 90% de los trabajadores de la Comunidad de Madrid) un protocolo para alcanzar un acuerdo de desarrollo del Estatuto Básico a nivel autonómico (una parte de su articulado se aplica directamente y otra parte precisa de desarrollo autonómico). El día 5 -48 horas después- la presidenta Esperanza Aguirre desautorizó la firma de su consejero, paralizando con ello la negociación. A la presidenta no le interesa negociar con el conjunto de los trabajadores pues teme la gran fuerza que suponen 200.000 trabajadores con un acuerdo único. Le interesa mantener a esta gran masa dividida en sectores y en algunos casos en centros (hay convenios distintos en hospitales distintos), lo que garantiza la dispersión de las fuerzas de los trabajadores y favorece conflictos dentro de sus filas. ¿A qué viene este interés? Al principal que mueve al Partido Popular: reducir e ir desmantelando los servicios públicos, de los que nos beneficiamos como ciudadanos, para su liberalización (“externalización” es el eufemismo que le gusta emplear), lo que significa PRIVATIZACIÓN. A la falta de personal en distintos ámbitos de la administración, el gobierno del PP responde introduciendo personal de contratas privadas, que realizan un servicio de peor calidad y en peores condiciones de trabajo. Esto pretende hacerlo extensivo con la negativa a sentarse en una mesa única, aunque para ello tenga que desautorizar a miembros de su propio gobierno.

La unidad sindical en la movilización se está produciendo desde el mismo golpe del 5 de septiembre. Tres meses de asambleas unitarias, concentraciones de delegadas y delegados y una campaña de recogida de firmas van a desembocar el miércoles 12 de diciembre en una manifestación que pretende y debe ser masiva de los trabajadores y de los ciudadanos. Los trabajadores de la Comunidad de Madrid nos jugamos el modelo de negociación colectiva, la unificación y la igualdad de nuestras condiciones de trabajo. Los ciudadanos nos jugamos la calidad de los servicios públicos y que continúen existiendo, sin intervención de empresas privadas. En una coyuntura tan difícil como la actual, en la que se ha roto una unidad necesaria de las izquierdas para entregar la calle a la derecha, es más imprescindible que nunca volver a tomar la iniciativa, empujar a la movilización trabajadora con sus grandes organizaciones sindicales y políticas para frenar los planes neoliberales del actual gobierno autonómico, movilización que tiene que ser permanente para conseguir el objetivo de desalojar de él a la derecha.